martes, 20 de febrero de 2018


 “MUJER, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE”

A pesar de representar a casi el 50% de la población rural en la Unión, sólo el 30% de las explotaciones agrícolas europeas se encuentran gestionadas por mujeres. La mayoría de las trabajadoras del campo se encuentran clasificadas como cónyuges del titular de la explotación, lo que las priva de derechos laborales y sociales. El Parlamento Europeo insta a los Estados Miembros a visibilizar el trabajo de las mujeres en el medio rural, así como a mejorar sus condiciones de trabajo.


La Resolución aprobada por la Eurocámara en el Pleno de abril analiza la situación en la que viven las mujeres de las áreas rurales de la Unión Europea. El 80% de las mujeres no figuran como propietarias o copropietarias de las explotaciones agrícolas, lo que anula sus derechos con respecto a su propiedad, así como limita el acceso a ayudas y subvenciones para desarrollar la actividad agraria. Además, la falta de reconocimiento legal del trabajo que realizan limita los derechos sociales a los que tendrían derecho estas trabajadoras. La vulnerabilidad es, por tanto, el trazo que perfila la situación de las mujeres en el campo europeo.

Esta vulnerabilidad se ve agravada por el acceso limitado a los servicios públicos esenciales en el ámbito rural, lo que dificulta la conciliación personal, familiar y laboral de los trabajadores del campo. La Unión Europea debe afrontar este reto, y mejorar la calidad de vida de las familias en materia de infraestructuras, medios de transporte, acceso a internet, y la prestación de servicios sociales, sanitarios y educativos de calidad.

El Parlamento Europeo reconoce “el papel activo de las mujeres en zonas rurales, y reconoce su contribución a la economía de esas zonas como empresarias y promotoras del desarrollo sostenible”. Los eurodiputados proponen elaborar un Estatuto Europeo de Mujeres Agricultoras, y piden adoptar medidas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres que viven en entornos rurales.


En materia de información y formación, la Resolución insta a los Estados Miembros a desarrollar actividades formativas y a articular mecanismos de asesoría y asistencia técnica en la gestión de explotaciones agrarias.  Además, apuesta de manera decidida por fomentar modelos de negocio alternativos, en los que el emprendimiento y el desarrollo sostenible sean los protagonistas.

Otros de los objetivos del texto son: la introducción de la perspectiva de género en la reforma de la Política Agraria Común, la adopción de medidas para reducir la brecha salarial y de pensiones entre mujeres y hombres, y la promoción de modelos alternativos de negocio –como cooperativas mutuas o empresas sociales-.

Con esta Resolución el Parlamento Europeo pide a las Instituciones Europeas y a los Estados Miembros que promuevan el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y que se cumplan, de esta manera, los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de desarrollo rural e igualdad de género.

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